La expedición de la ley 850 de 2002, constituye tal vez el mayor logro en la lucha contra la corrupción, al crear las llamadas veedurías ciudadanas. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dichas veedurías podrán ser constituidas por todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles, comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, o asociaciones sin ánimo de lucro.

Su importancia radica en la facultad de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados por las entidades públicas, teniendo además dentro de sus facultades la vigilancia de los procesos de planeación y contratación, la ejecución y calidad técnica de las obras y el denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Se constituyen como los artículos más relevantes, el 6° (referente a los objetivos), el 15° (establece las funciones de las veedurías), artículo 16 (referente a los instrumentos de acción), entre otros, a través de los cuales se logran de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.