El objeto de la ley 617 de 2000, no es otro que modificar expresamente el artículo 49 de la ley 617 de 2000, norma que tiene relación con las prohibiciones relativas a los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y miembros de Juntas Administradoras Locales (JAL),personas a las cuales les queda vetado pertenecer a juntas o consejos directivos en entidades tanto del sector central como del sector descentralizado. Tampoco pueden hacer parte de juntas directivas, ejercer la representación legal o revisoría fiscal de aquellas entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.

Así mismo la ley contempla la prohibición para estas personas de ser designados funcionarios públicos del respectivo ente departamental o municipal, y no podrán ser contratistas de ninguna de las entidades, restringiendo su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Se exceptúan los nombramientos efectuados mediante carrera administrativa.

De esta forma se hace un aporte importante frente a la lucha contra la corrupción y la transparencia al extender las causales de inhabilidad e incompatibilidad a los cónyuges o compañeros permanentes de los servidores elegidos por elección popular.