Esta ley de gran importancia fue creada con el propósito de fortalecer los mecanismos participativos y democráticos en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, en tal sentido la Ley 489 de 1998, en sus artículos 34 y 35 entre otros, refuerza el marco legal, disponiendo que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular a través de la creación de veedurías ciudadanas, la administración pública estará obligada a brindar el apoyo requerido para el ejercicio de este control. Igualmente establece el apoyo de las autoridades de control hacia las veedurías evaluando oportuna y diligentemente los correctivos que propongan para hacer eficaz su gestión, de igual forma recibirán el apoyo de entidades de carácter judicial. Por otro lado, como un mecanismo en la lucha contra la corrupción, las entidades que son objeto de control ciudadano deberán facilitar el acceso a la información, con excepción de aquella que se constituya materia de reserva judicial o legal.

Finalmente, esta norma establece el diseño y la promoción de acciones de formación a veedores para el control y fiscalización de la gestión pública en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública. Finalmente, como un mecanismo participativo en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, se impuso una fuerza vinculante a la administración y a los entes de control, lo que materializa de esta forma el ejercicio del control fiscal participativo con base en el trabajo de las veedurías ciudadanas.