Es una ley de especial relevancia en el tema de la contratación pública, como quiera que en ella se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones; En particular efectuó modificaciones a los procesos de licitación pública para la adecuada escogencia de contratista de obra pública, de igual forma estableció responsabilidades a los interventores, consultores o asesores externos, como consecuencia de los incumplimientos a las obligaciones y al daño o perjuicio causado a la Entidad. En igual sentido consagra normas modificatorias de otras leyes y decretos reglamentarios relacionados con la transparencia y prevención de la corrupción, adicionando y modificando ciertas disposiciones como la ley 80 de 1993 (Estatuto de contratación Pública), la ley 1150 de 2007, ley 1682 de 2013, la ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, entre otras.