Mediante la ley 1807 de 2016, se crea el denominado Centro de Estudios Fiscales (CEF), como una dependencia de la Contraloría General de la República adscrita al despacho del contralor general.

El Centro de Estudios tiene como objetivo, realizar y fomentar la investigación y, la formación de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión y control de los recursos públicos, además de lo anterior se destaca dentro de sus funciones el desarrollar la investigación, propiciar espacios en la formación de actores y de talento humano altamente calificado en materias relacionadas con la gestión y el control fiscal. Como novedad, se destaca la organización de programas educativos para formar ciudadanos comprometidos con el cuidado y la vigilancia de la gestión de recursos públicos, contribuyendo a que la población sea vocera y actora directa en detrimento del flagelo de la corrupción, favoreciendo de esta manera la transparencia y vigilancia en el manejo del erario público.

La presente ley es de importancia para el tema de la contratación pública, como quiera que defina a las asociaciones público-privadas como un instrumento de vinculación de capital público privado, que se materializan por medio de un contrato celebrado entre una entidad estatal o pública y una persona de derecho privado, bien sea natural o jurídica, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, hecho que genera transferencia de riesgos entre las partes.

La presente ley es aplicable a todos los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado, tanto el diseño como la construcción de una infraestructura, como su construcción, reparación o mejoramiento y mantenimiento, actividad que involucra además su operación. Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con los procesos de selección objetiva para proyectos de asociación pública privada de iniciativa pública, allí se contempla que la celebración y ejecución de los contratos de Asociación Publica Privada se regirán por lol señalado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en lo que regule directamente la presente norma.

En tal sentido con la expedición de la presente norma, se está garantizando que la función del Estado en el adecuado manejo de los recursos públicos, se orienten al bien común y se contribuya así a la transparencia y a combatir la corrupción, en las diferentes inversiones de iniciativa pública en los cuales exista interés de efectuar proyectos de Asociación Publica Privada.