La ley destinada a combatir la corrupción especialmente por el ejercicio de actividades ilícitas, como otro medio más destinado a combatir la corrupción de todo tipo, refiere a la extinción de dominio de bienes que se encuentren en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 16 de esta Ley.

Para tal fin, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas que deterioran gravemente la moral social, proceso a través del cual se efectúa la declaración de titularidad mediante sentencia a favor del estado, de aquellos bienes a los cuales se refiere esta ley, sin recibir el afectado contraprestación o compensación de naturaleza alguna, bien sea producto directo o indirecto de una actividad ilícita o que siendo de procedencia lícita, fueron utilizados como instrumento para ejecutar sus actividades ilícitas.

De otra parte, la ley reglamenta en su contexto el proceso de extinción, señalando lo referente a los Sujetos Procesales, Intervinientes, las Reglas de Competencia, Providencias o decisiones, y la forma en que se surten las notificaciones, recursos, acción de revisión, nulidades, procedencia y práctica de medidas cautelares, la forma de administración y destinación de los bienes, entre atrás.

Por ello, la importancia de la ley para el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como quiera que aprueba uno de los tratados o convenciones internaciones más importantes en contra del delito de cohecho, considerado como un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales, de connotaciones morales y políticas afectando el buen gobierno y las relaciones internacionales, responsabilidad que es compartida por todos los países, en lo que tiene que ver con combatir este flagelo en las transacciones comerciales internacionales.