El presente documento fue expedido en el año 2017, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE-, con sede en París, siendo esta una organización intergubernamental cuya misión es promover políticas encaminadas a fomentar el bienestar económico y la calidad de vida, la prosperidad, la igualdad y mejores oportunidades en aras de logra una vida mejor y el bienestar de las personas.

Respecto al tema de Integridad Pública la OCDE la define como: “Se refiere a la alineación, consistente y la adhesión a valores, principios, y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público”.

Dentro de las recomendaciones efectuadas señala la OCDE sobre el tema de la corrupción lo siguiente: “La corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado, perpetua la desigualdad y la pobreza, afectando la distribución de ingresos y socavando las oportunidades de participar equitativamente en vida social, economía y política. En otros apartes señala que la corrupción es señalada hoy en día como la principal preocupación de los ciudadanos por encima de la globalización o la migración.

La recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública se basa en tres pilares a saber: Un sistema, cultura y rendición de cuentas.

AL abordar los problemas de corrupción, 3 áreas necesitan un enfoque particular así:

1. La captura de políticas, en el entendido que las políticas públicas son el centro en el cual gira la atención entre los ciudadanos y el gobierno.
2. La contratación pública, sobre este tema señala la OCDE que esta sigue siendo una fuente desaprovechada de prosperidad económica y social, fenómeno que representa el 13% del PIB en países de la OCDE y una tercera parte de los gastos gubernamentales generales.
3. La infraestructura pública, en especial de proyectos a gran escala, los cuales son vulnerables a la corrupción y mala gestión.

Finalmente, la recomendación de la OCDE sobre contratación pública, esboza mecanismos y principios para garantizar la integridad y frenar la corrupción en la contratación pública.