Directiva presidencial de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de la gestión pública, al exigir a los servidores públicos destinatarios de esta, reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles actos de corrupción o irregularidades.

Para tal propósito los jefes de unidad de control interno, servidores públicos a quienes va dirigida deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario.