Del Observatorio
La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La ITRC se creó con la misión de “vigilar la integridad del proceso de recaudo y administración de los bienes, tributos, rentas y contribuciones parafiscales”, que realizan las entidades que vigila, las cuales son:
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN,
- La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP y
- La Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar- COLJUEGOS.
Para cumplir con este objetivo, la Agencia desarrolla dos procesos misionales: el primero, prevenir el fraude y la corrupción en sus entidades vigiladas, y el segundo, adelantar la investigación y sanción disciplinaria de los servidores públicos de estas entidades objeto de inspección, por conductas que se relacionen con las faltas disciplinarias gravísimas.
Así mismo, sin perjuicio del poder preferente del Procurador General de la Nación, asume las competencias de las Oficinas de Control Disciplinario Interno sobre las demás faltas disciplinarias en que incurran los funcionarios de sus entidades vigiladas en los casos que sea necesario para la defensa de los recursos públicos.
La Agencia ITRC, además promueve las buenas prácticas orientadas al fomento de la integridad y la transparencia (ITRC, s.f. a), y en desarrollo de este propósito cuenta con un Observatorio dedicado al estudio de los fenómenos de Fraude y Corrupción en el marco de su misionalidad.
Es un sistema de información que tiene como fin, dar a conocer a la ciudadanía en general, los avances para el aseguramiento de los recursos públicos a partir de aquellas experiencias que la Agencia ITRC ha construido en ejercicio de sus funciones para promover y sensibilizar la transparencia, la ética pública y el cuidado de las rentas de la Nación.
¿Para qué sirve?
El Observatorio Anticorrupción sirve como principal herramienta de análisis, consulta e interacción con la ciudadanía, así como un espacio de observación, a fin de dar notoriedad a las actividades de vigilancia del fraude y la corrupción que adelanta la ITRC en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la DIAN, Coljuegos y la UGPP, apoyadas en las tecnologías de información y comunicación (TIC), para el seguimiento y la evaluación.
Ejes estructurales del Observatorio
Eje de Medición
En este Eje se recopila, analiza y visibiliza la información, mediante indicadores estructurados a partir de los resultados de la labor misional preventiva y sancionatoria de la Agencia ITRC relacionados con la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales.
Eje de Educación
Este Eje, brinda herramientas a la ciudadanía para que pueda fortalecer su conocimiento y comprensión en los temas relativos a la lucha contra el fraude y la corrupción, en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, por medio de material pedagógico.
Eje de Participación
Este Eje, complementario a los dos anteriores, facilita espacios para el diálogo entre ciudadanía en general, academia y/o entidades públicas, relacionados con los fenómenos del fraude y la corrupción, en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, mediante talleres, foros y conversatorios y similares.
Para conocer la historia de la Agencia ITRC y de su Observatorio Anticorrupción, es menester remitirnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, también conocida como “el Club de las buenas prácticas”, cuya principal misión es promover los más altos estándares en las políticas públicas mundiales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos (OCDE, 2020), y de la cual Colombia es parte desde el año 2020, luego de concluir exitosamente el proceso de adhesión que inició en 2013. De conformidad con la Ley 1950 de 2019, Colombia acepta todos los instrumentos jurídicos vigentes de la OCDE en el momento de la decisión del Consejo de la OCDE de invitar a la República de Colombia a adherirse a la Convención, lo cual ocurrió en mayo de 2013.
Estas buenas prácticas se presentan a través de las Recomendaciones emitidas por el Consejo de la OCDE, y entre las materias objeto de estudio de esta institución se encuentra el tema de anticorrupción e integridad, en el marco del cual se han publicado diversas recomendaciones, como por ejemplo la “Recomendación del Consejo sobre la mejora de los comportamientos éticos en el servicio público, que incluye los principios apropiados para favorecer la gestión de la ética en el servicio público” (1998), el cual fue el primer instrumento internacional en el área de gestión de la ética y mejora de la integridad (Richardson, 2021), y posteriormente se emite en su reemplazo la “Recomendación sobre Integridad Pública” (2017).
El documento de 1998 recomienda a los Estados el uso de mecanismos para la detección, la investigación y el enjuiciamiento de forma independiente de irregularidades como la corrupción, para lo cual se requiere contar con procedimientos y recursos confiables para monitorear, denunciar e investigar los incumplimientos de las reglas del servicio público, así como sanciones administrativas o disciplinarias acordes para desalentar las malas conductas (OCDE, 1998). Esto pasó a denominarse como “Supervisión y control externos” posteriormente en la Recomendación de 2017 (OCDE, 2017).
Ahora bien, en Colombia en el año 2011, la Ley 1144 mediante su artículo 18 en sus literales d), e) y f), confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para reasignar funciones y competencias orgánicas entre entidades y organismos de la Administración Pública, para crear entidades u organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y señalar sus objetivos y estructura orgánica.
Estas facultades fueron ejercidas para crear la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC -a través del Decreto 4173 del 11 de noviembre de 2011, el cual fue modificado mediante los Decretos 0985 del 2012 y 074 de 2022-, con la finalidad de contar con mecanismos eficaces para la protección del patrimonio público que aseguren mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo del sector de Hacienda y Crédito Público;. objetivo que logra a través de una supervisión constante a sus entidades vigiladas como órgano de control externo a ellas.
De este modo, la supervisión y control externo recomendados por la OCDE se encuentran instituidos en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC (FITAC, s.f.), establecida como un órgano de vigilancia y control adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, que “tiene una función similar a la de la Inspección General del Tesoro para la Administración Tributaria de los Estados Unidos (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA), la cual fue creada en 1998, con el fin de establecer un control externo sobre las actividades del Internal Revenue Service – IRS” (Richardson, 2021).
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, formulan entre las principales medidas que sustentan la política fiscal la “Protección del patrimonio público y la transparencia en el recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales – ITRC”, la cual determina que:
Considerando preponderante la Eficiencia de la Política Fiscal, la Agencia ITRC contribuirá a la “Protección del patrimonio público y la transparencia en el recaudo y administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales” mediante políticas públicas y recomendaciones enfocadas a solucionar las ineficiencias sistemáticas y operativas que generan espacios de fraude y corrupción que impactan los ingresos de la Nación.
Y con el fin de lograr el anterior objetivo, establece que la Agencia liderará iniciativas estratégicas tendientes a la generación de política pública, entre las cuales se destaca:
Implementar una Herramienta de Gestión Pública, que apoye a las entidades administradoras de ingresos tributarios de la Nación, a prevenir y detectar el fraude y la corrupción. Así mismo, funcionará como un observatorio que ofrezca conocimiento sustentado sobre el fenómeno de la corrupción para incentivar el control social y el fortalecimiento de las instituciones foco. (DNP 2014).
Posteriormente, las Bases Técnicas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 marcaron los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento de Colombia en términos generales, y establecieron los procesos que se debían llevar a cabo para cumplir con estas metas.
Uno de sus objetivos principales era la “alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos” (DNP, 2018, p.p. 43-46), donde se diagnosticaba y resaltaba la necesidad de continuar y fortalecer la lucha contra la corrupción a través de entidades especializadas, tal como, la Agencia ITRC (DNP, 2018, pp.101-102).
Además, “con el propósito de robustecer la prevención de la materialización de riesgos de corrupción” se determinó como estrategia el fortalecimiento del “Conocimiento y comprensión del fenómeno de la corrupción” para lo cual se estableció que:
La Agencia ITRC consolidará su Observatorio Anticorrupción como una herramienta de estudio, promoción, intercambio y análisis de información relacionada con el aseguramiento de los recursos de la Nación en la Administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales del país. Este observatorio contará con la participación de la ciudadanía en la búsqueda del mejoramiento de los procesos, la detección y la prevención de escenarios de fraude y corrupción, así como en la generación de recomendaciones para la lucha contra la corrupción (DNP, 2018, p. 109).
Con el fin de materializar lo anterior y en cumplimiento de la misión y visión de la UAE Agencia ITRC, se ha llevado a cabo el proceso de consolidación del Observatorio Anticorrupción. (ITRC, s.f. b).
La estrategia de fortalecimiento del “Conocimiento y comprensión del fenómeno de la corrupción” del PND 2018-2022, también determinó que:
La Vicepresidencia, en particular la ST [Secretaría de Transparencia], a través del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, pondrá en marcha la Red de Observatorios Anticorrupción como una estrategia para incentivar la producción de conocimiento en entidades públicas del orden nacional y territorial, del sector privado y de la sociedad civil, con el objetivo de que permitan entender las dinámicas del fenómeno desde diferentes territorios, sectores y actores.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones” se señala que:
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica tendrá́ la responsabilidad de administrar y desarrollar el Observatorio Anticorrupción, el cual recolectará, integrará, consolidará e interoperará información pública con el fin de generar de forma permanente y dinámica un análisis de las tipologías del fenómeno de la corrupción, por cada sector (…).
Es así que desde el año 2020 el Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC hace parte de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción – RENOBA, la cual es liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de conformidad con la Ley 2195 de 2022, y se encuentra alineado a los objetivos de esta Ley.
Ahora bien, en noviembre del año 2022, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dio a conocer la primera versión de las bases de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, documento donde se definen las metas que el Gobierno Nacional deberá cumplir a corto, mediano y largo plazo en los próximos cuatro años. Con la presentación de las bases al Consejo Nacional de Planeación, el proceso de elaboración del PND sigue en una construcción permanente en la que se incluirán los insumos de los Diálogos Regionales faltantes, la definición del articulado y el plan de inversiones que consolidarán el proyecto de ley que se radicará al Congreso de la República el 7 de febrero de 2023. (DNP, 2022a).
De conformidad con las Bases del PND 2022-2026:
En Colombia el gasto público es bajo con respecto al del promedio latinoamericano y, sobre todo, al de los países desarrollados de la OCDE. Para ir cerrando esta brecha es indispensable un aumento de la tributación. (…).
Las interacciones entre los sectores público y privado son exitosas si el gasto es eficiente. Ello implica luchar contra la corrupción y, sobre todo, avanzar en la modernización del aparato estatal, evitando los excesivos formalismos que obstaculizan el quehacer de lo público. Los procesos de evaluación tienen que conjugar el examen de los resultados y los estudios de impacto. (DNP, 2022b, pp. 17-18).
De este modo, el Plan concibe la estabilidad macroeconómica bajo unos principios, entre los cuales se encuentra que “la eficiencia del gasto público depende de la conjunción de tres dinámicas: un buen diseño de los proyectos estratégicos, la lucha contra la corrupción, y la adecuada organización administrativa del aparato estatal. ” (DNP, 2022b, p. 19).
Así, entre las transformaciones propuestas por el plan está la Convergencia Regional, que es:
(…) el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar a todos los territorios y las personas un acceso diferencial a oportunidades, bienes y servicios, promoviendo así un mayor bienestar integral y mejorando la calidad de vida de los habitantes en todos los territorios. (DNP, 2022b, p. 155).
Para garantizar esta convergencia se propone entre otros, el “Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía.” Y para lograrlo uno de sus enfoques es la “Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales”, sobre lo cual se señala que:
Se adelantará un trabajo articulado entre las instituciones públicas y la ciudadanía, para garantizar el acceso a información clara, consolidar el papel de las veedurías ciudadanas y observatorios para el control social, así como disponer de canales de denuncia y protección al denunciante. Se implementarán estrategias sectoriales de medición y seguimiento al impacto específico de la corrupción en el goce de derechos y se avanzará en los análisis comportamentales que permitan entender la afinidad social e institucional con actitudes y comportamientos corruptos. Adicionalmente, se fortalecerán las diferentes instancias de coordinación institucional, tanto en lo preventivo como en el control, investigación y sanción de casos de corrupción en los territorios. (DNP, 2022b, p. 168).
En este sentido, la Agencia ITRC como órgano de control externo, prevención, investigación y sanción de la corrupción en el sector hacienda, así como su observatorio de fraude y corrupción se encuentran claramente alineados con los objetivos planteados en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.