Decreto de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, mediante el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. En tal sentido el Decreto 92 de 2017 desarrolla el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, que dispone que el Gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá, podrá celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público afines con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo, para lo cual se contempló un mecanismo de excepción, con el fin que dichas entidades reciban aportes del Estado y contribuyan así al bienestar familiar y al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.