El decreto 267 de 2000, de gran importancia para la organización y funcionamiento del control fiscal en Colombia, dicta normas sobre la organización y el funcionamiento de la contraloría general de la república.

Tal y como lo establece la naturaleza jurídica, la Contraloría General es un órgano de control del estado de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal; su misión es cumplir eficazmente cada una de las funciones asignadas por la constitución y la ley en representación de la comunidad, y dentro de sus objetivos se adiciona la vigilancia y control de la gestión fiscal de la administración, así como de los particulares o entidades que manejen fondos y bienes públicos. Para tal fin debe, además de la vigilancia, establecer las responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias que correspondan a los sujetos de vigilancia, derivados del ejercicio de vigilancia y control.

En tal sentido es una norma de gran relevancia para combatir el fraude y la corrupción, en cabeza no solo de los funcionarios públicos sino de los particulares, personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización que recauden, administren, manejen o inviertan fondos y recursos del estado en detrimento de la cosa pública.