Esta convención es uno de los instrumentos internacionales más significativos para Colombia, instrumento que busca hacerle frente a la lucha contra la corrupción y combatir este flagelo. En la presente convención se fijan determinados lineamientos y medidas que invita a adoptar a los estados parte, para contrarrestar así esta problemática tan frecuente que afecta gravemente el desarrollo de un gran número de estados perjudicados.

En la convención en cuestión se plantean algunas recomendaciones, como lo son la creación de sistemas que permitan la transparencia en el gasto de los recursos públicos, la publicidad en la contratación y adquisición de bienes, a su vez, sistemas donde los funcionarios públicos puedan declarar sus ingresos evitando así un posible enriquecimiento ilícito y, en donde los funcionarios públicos como los particulares puedan denunciar actos de corrupción de manera segura. Se hace preciso que los estados parte creen organismos de control que faciliten la prevención, detección oportuna de actos de corrupción y su futura sanción.

Cada estado que adopte esta convención, en virtud del principio de soberanía, está en la libre disposición de implementar las normas, medidas y mecanismos necesarios dentro de su ordenamiento jurídico, correspondientes a identificar y erradicar los actos de corrupción.

Este instrumento busca la cooperación y el trabajo conjunto de los estados para que en caso de ser requerido se preste la asistencia correspondiente y erradique la corrupción.