La ley 136 de 1994 es una norma de gran importancia para la organización y funcionamiento de los municipios, señala en el artículo 167 que los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal en las entidades sujetos de control con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social. En igual sentido consagra normas sobre la transparencia, prevención de la corrupción y la sanción a conductas indebidas de los concejales en el ejercicio de sus funciones. Para tal fin se resalta de importancia lo previsto en los artículos 27, 32,45, 47, 48, 55, 61, 62 y 70 entre otros.

La Ley 134 de 1994, estableció normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Tiene especial relevancia el artículo 100 como quiera que allí se consagra la creación de las veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública, el resultado de la misma y la prestación de los servicios públicos.

Ley nacional que reglamenta el ejercicio de la actividad contractual pública, en tal sentido en el artículo 64 entre otros referente al tema de la corrupción, refiere que la Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia investigará las conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes. De igual forma el artículo 66 establece que todo contrato que celebren las entidades estatales estará sujeto a la vigilancia y el control ciudadano, para tal fin las asociaciones cívicas comunitarias de profesionales podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares involucrados en el proceso de contratación, que constituyan delitos, contravenciones o faltas. De igual forma establece como obligación de las autoridades competentes brindar el apoyo, la colaboración y el suministro oportuno de la documentación e información que deben prestar para que los ciudadanos puedan cumplir con esta tarea así como las asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual.

Esta ley trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero en Colombia y los organismos que lo ejercen, norma de gran importancia que reglamenta la vigilancia del control fiscal de las entidades, teniendo dentro de sus principales artículos el artículo 26 el cual señalaba la facultad de la Contraloría General de la Republica –CGR- de ejercer el control posterior, en forma excepcional, sobre cualquier entidad territorial, norma que a pesar de ser derogada por el Decreto Ley 403 de 2020, en el cual se reglamentó el fortalecimiento del control fiscal, aún reguila ciertos aspectos de importancia para el funcionamiento de las Controlarías.

Directiva presidencial de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de la gestión pública, al exigir a los servidores públicos destinatarios de esta, reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles actos de corrupción o irregularidades.

Para tal propósito los jefes de unidad de control interno, servidores públicos a quienes va dirigida deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema del control fiscal. Para tal fin se fijan las normas sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, así mismo establece su estructura orgánica, su organización administrativa, su naturaleza, misión, objetivos, sujetos de vigilancia, dependencias y funciones. Tiene especial relevancia dentro de su estructura la creación de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción.

Dentro de los objetivos principales de la entidad, se encuentra el de ejercer en representación de la comunidad, la vigilancia y control de la gestión fiscal tanto de las entidades y particulares que manejan fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y con respecto de todo tipo de recursos públicos y por último imponer las sanciones fiscales que correspondan como consecuencia de la vigilancia y del control fiscal.

Este decreto reglamenta; La Comisión Nacional para la moralización creada a través art 64 de la ley 1474 de 2011 y, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Por medio de este decreto se fija tanto la estructura, funcionamiento y conformación de ambas comisiones.

Por medio de este tipo de normas se busca implementar lo estipulado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto a la creación de organismos tanto públicos como organismos privados (conformados por la ciudadanía) que contribuyan en la lucha contra la corrupción y reafirmen así, la cooperación entre estados con la finalidad de promover mecanismos y posibles soluciones que aporten en la reducción de este flagelo de gran dimensión.

Ante la necesidad del país de generar una política clara y unificada en materia de compras y contratación pública, se expidió el Decreto 4170 de 2011, norma a través de la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente como ente rector, que es una unidad administrativa espacial, la cual tiene como objetivo desarrollar e impulsar las políticas públicas, para regular y orientar a los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, para de esta forma conseguir una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Dentro de los objetivos se encuentra el desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, los planes, normas, instrumentos y herramientas que faciliten todo el proceso de compras y contratación pública de las entidades del Estado, promoviendo las mejores prácticas en el proceso de adquisición, para de esta forma cumplir los principios y procesos generales, que caracterizan y regulan la actividad contractual de las entidades públicas.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con su organización y administración, estructura de la entidad, funciones de la Agencia y de cada dependencia, adopción de la planta de personal y trasferencia de archivos. todo con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos sean bien distribuidos contribuyendo así a la transparencia en las compras y la contratación pública y a combatir la corrupción.

El presente decreto es reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, la que a su vez es una norma de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del control de la gestión pública.

Para tal fin el decreto implementa la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; de igual forma establece los estándares que deben cumplir las entidades para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que en toda entidad pública debe existir una dependencia encargada de recibir y tramitar las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y estén relacionadas con el cumplimiento misional de la entidad, para lo cual le compete al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar, hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 1784 de 2019, por el cual se modifica el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se constituye en una norma de gran relevancia para la organización y el funcionamiento de los órganos del estado, siendo el Departamento Administrativo de la Presidencia el más visible dentro de la organización del estado por asistir al Presidente de la República en calidad de jefe de estado y suprema autoridad administrativa, para lo cual en el mencionado decreto se determina el objeto, naturaleza y estructura, así como las funciones generales, encaminadas a fortalecer las funciones de articulación con las demás entidades del estado.

Tiene especial relevancia en este artículo la creación en su artículo 13 de la Secretaría de Transparencia, dependencia que tiene dentro de sus funciones principales, asesorar y asistir al Presidente, Vicepresidente, y al Jefe de Gabinete en la formulación de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, coordinando su implementación y fijando las estrategias e implementación de indicadores de transparencia de las demás entidades de la administración pública. Así mismo compete a esta dependencia coordinar la implementación de compromisos adquiridos por Colombia en las convenciones e instrumentos internacionales sobre la lucha contra la corrupción. Así mismo fomentar la coordinación interinstitucional con las diferentes ramas del poder público y órganos de control para la ejecución de políticas de transparencia, elaborar los proyectos de ley o actos legislativos que someta el gobierno al congreso de la república en esta materia y en general elaborar estudios, indicadores y demás instrumentos que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción.