La ley 734 de 2002, hasta el momento tiene especial relevancia en el marco de la lucha contra el fraude y la corrupción, por la ser la norma que estableció el sistema disciplinario en Colombia.

En tal sentido dispuso que el poder disciplinario preferente radica en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, pero como excepción estableció que corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus propias dependencias y para el caso de los funcionarios judiciales el titular de la acción disciplinaria será la jurisdicción disciplinaria.

La norma además de establecer jurisdicción y competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los funcionarios públicos y particulares que incurran en falta no solo por sus actuaciones y desempeño de sus funciones, sino además por casos de corrupción, para lo cual se establecen los deberes y derechos en cabeza de los funcionarios públicos y desarrolla el proceso sancionatorio, las faltas y sanciones a las cuales se hacen acreedor, quien incurra en falta disciplinaria por incurrir en comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.

La ley 678 de 2001 ha sido de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, como quiera que reglamentó la responsabilidad patrimonial tanto de los servidores públicos, exservidores públicos y particulares que desempeñan o ejercieron funciones públicas y quienes hayan ocasionado en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial, permitiendo que el Estado a través del ejercicio de la acción de repetición recupere lo pagado como consecuencia de las condenas impuestas por los perjuicios causados.

Para tal fin se determinan aspectos procesales como la jurisdicción y competencia, establece un procedimiento similar al previsto para el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa. Se establece igualmente el término de caducidad y se determinan los casos en que procede la conciliación judicial o extrajudicial para el pago de la condena.

La ley 617 de 2000 tiene importancia en la lucha conta el fraude y la corrupción, pues a través de ella se efectúa la categorización de los municipios, se imponen medidas en el tema presupuestal, gastos de funcionamiento y la racionalización del gasto público. Esta ley modifica parcialmente la Ley 136 de 1994 y se establecen nuevos requisitos en cuanto al régimen de inhabilidad e incompatibilidades para los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, así como al conflicto de intereses en sus actuaciones, la indebida destinación de recursos públicos y el tráfico de influencias, entendido a esta última como la práctica ilegal de utilizar influencias personales a través de conexiones con los administradores públicos, con el fin de obtener favores en interés suyo o de terceros o recibir tratamiento preferencial.

Particularmente para el tema de la lucha contra el fraude y la corrupción, tienen relevancia los artículos 31, 34, 38, 41, 43 y 48 entre otros, como quiera que aumenta las causales de incompatibilidad de esta clase de funcionarios y las consecuencias legales o jurídicas por su omisión o malas prácticas.

Norma de gran relevancia en el tema de la lucha contra la corrupción, que en su artículo primero define la responsabilidad fiscal como aquella que tiene por objeto resarcir los daños ocasionados al patrimonio público con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de servidores públicos que realizan control fiscal o de particulares que participen, incidan o contribuyan en la producción de los mismos, sanción que se ejecuta mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por entidad estatal afectada.

Igualmente se establece en la norma el proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las Contralorías con el propósito de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal como complemento a la expedición de la ley 599 de 2000, normas de gran importancia para la prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción.

En este sentido la ley 600 se adecúa dentro del sistema penal inquisitivo, entendido como aquél en donde el proceso inicia sin que exista previa acusación o denuncia alguna instaurada en contra de la persona procesada. Dentro de los artículos reglamentados tiene especial importancia que el desarrollo del proceso penal cursaba en su mayoría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, quien en cabeza de un fiscal delegado contaba con amplias facultades de policía judicial disponiendo incluso de la privación de libertad del investigado. Por otra parte en el Código penal se reglamentan las normas rectoras, la acción penal (es decir de quien es la titularidad), la acción civil para el resarcimiento de los daños causados por la conducta punible, también la forma en la que se lleva a cabo el desarrollo de la investigación, los principios que lo rigen, la jurisdicción y competencia, los sujetos procesales, deberes de los servidores públicos y de los sujetos procesales, la actuación procesal, los recursos de ley, las pruebas a practicar en el proceso, el desarrollo de la investigación e instrucción del proceso, la etapa del juicio o juzgamiento y, los juicios especiales ante el congreso y la forma de ejecución de las sentencias.

De resaltar que esta ley en su mayoría fue derogada y modificada por la ley 906 de 2004. Sin embargo, la ley continúa vigente para casos de fueros especiales.

Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, sancionando penalmente a quienes incurran en alguna en las faltas descritas, en aras de fortalecer la efectividad del control de la gestión pública, además de los delitos de otro orden allí establecidos.

En este sentido el Código Penal consagra como delitos para combatir la corrupción, entre otros los siguientes: peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio: en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

Particularmente, tiene gran importancia en la lucha contra el fraude y la corrupción, los delitos descritos en el capítulo I al capítulo VII, del Título XV, del Libro Primero de la Ley 599 de 2000, reglamentando conductas punibles como el peculado, concusión, cohecho, la celebración indebida de contratos a través de los tipos penales de Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, y el prevaricato. Art. 397 a 415.

Esta ley de gran importancia fue creada con el propósito de fortalecer los mecanismos participativos y democráticos en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, en tal sentido la Ley 489 de 1998, en sus artículos 34 y 35 entre otros, refuerza el marco legal, disponiendo que cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular a través de la creación de veedurías ciudadanas, la administración pública estará obligada a brindar el apoyo requerido para el ejercicio de este control. Igualmente establece el apoyo de las autoridades de control hacia las veedurías evaluando oportuna y diligentemente los correctivos que propongan para hacer eficaz su gestión, de igual forma recibirán el apoyo de entidades de carácter judicial. Por otro lado, como un mecanismo en la lucha contra la corrupción, las entidades que son objeto de control ciudadano deberán facilitar el acceso a la información, con excepción de aquella que se constituya materia de reserva judicial o legal.

Finalmente, esta norma establece el diseño y la promoción de acciones de formación a veedores para el control y fiscalización de la gestión pública en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública. Finalmente, como un mecanismo participativo en el ejercicio del control ciudadano a la gestión pública, se impuso una fuerza vinculante a la administración y a los entes de control, lo que materializa de esta forma el ejercicio del control fiscal participativo con base en el trabajo de las veedurías ciudadanas.

Esta ley mediante la cual se aprueba la ’Convención Interamericana contra la corrupción’’ tiene especial relevancia para combatir la lucha contra la corrupción, como quiera que a través de ella se aprueba una de las primeras convenciones o tratados internacionales como instrumento internacional para facilitar la cooperación internacional que promueva y facilite la lucha de este flagelo y, en especial incentive a tomar las medidas que sean necesarias ante la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que contribuya con la cooperación internacional frente a la corrupción de aquellas personas que en su actividad cometan actos de corrupción en ejercicio de funciones públicas, cuestión que azota a un sinnúmero de países.

Su importancia radica, además, en que busca la cooperación entre los diferentes estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, en interés de lograr unidad frente a la lucha contra la corrupción, lo anterior respecto de dictar políticas públicas y ciertas disposiciones internas que faciliten la detección de actos de corrupción y su futura erradicación, flagelo que se evidencia principalmente en ramas del poder público, sus entidades y respectivos funcionarios. Por lo anterior esta convención enuncia determinados actos de corrupción y un listado de medidas a impulsar en pro del bien común y el deber ser, en la lucha por combatir esta problemática social.

Esta ley está dirigida a tratar y reglamentar aspectos relacionados con el desarrollo de la administración pública y otras regulaciones respecto de aquellos servidores que ejercen funciones públicas. Aspectos dentro de los cuales resaltan; la estipulación del régimen de los servidores públicos, dentro del cual se tratan elementos como; los requisitos y condiciones que deben cumplir dentro del proceso de vinculación tanto las entidades como aquellos que aspiren a ocupar un cargo público; también se crea el SUIP (Sistema Único de Información de Personal), sistema y base de datos en donde se contempla y recoge información de quienes hayan ocupado un cargo público o hayan celebrado un contrato de prestación de servicios con entidad pública e incluso la hoja de vida de aquellos aspirantes no seleccionados.

Dentro de los deberes de las entidades se encuentra la planificación y fijación de un manual de funciones en el que se delimiten las actividades del funcionario en aras de garantizar la eficiencia y eficacia en las necesidades de cada entidad.

En esta ley se mencionan algunos incentivos con la intención de promover el empeño y dedicación de los servidores en el ejercicio de sus funciones y de esta manera cumplir con los fines de la administración de la mejor manera. Por último, a través de esta ley se realizan algunas modificaciones al código penal, en especial las relacionadas con sanciones a los servidores por actos de corrupción ayudando a castigarlos y aspirando a la no repetición en un futuro.

La ley 177 de 1994, es una norma muy corta, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los municipios, como quiera que modifica en varios artículos la ley 136 de 1994.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con requisitos para la creación de municipios, incompatibilidades para los concejales y alcaldes electos, temas relacionados con el funcionamiento de las Contralorías y Personerías municipales, como es la presentación y elaboración de sus presupuestos de gastos para ser presentado al Alcalde Municipal y ser incorporados al presupuesto general, por último estipula algunas inhabilidades para la elección de Contralor y de los Concejales, temas que indudablemente tiene por propósito reglamentar aspectos en la elección con transparencia tanto de los alcaldes como de los concejales, personeros y Contralores municipales, con el propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.