La ley 1551 de 2012 es una norma de importancia para la organización y el funcionamiento de los municipios, como quiera que modifica en varios artículos la ley 136 de 1994, la que a su vez dicta normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, también modificó la ley 1148 de 2007 y la Ley 136 de 1368 de 2000.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con requisitos para la organización y funcionamiento de los municipios, sus derechos,, principios de sostenibilidad y asociatividad, economía y buen gobierno; las funciones de los municipios, categorización, requisitos para su creación, sesiones, actos que expide, atribuciones y facultades; de otro lado regula funciones de los alcaldes y otras atribuciones asignadas, la elección de personeros municipales, as comunas y corregimientos y su regulación y por último en el Capítulo IX establece los motivos para la no procedibilidad de medidas cautelares ni embargos sobre los recursos del sistema general de participaciones, ni sobre del sistema general de regalías, como tampoco de rentas propias de destinación específica protegiendo así los recursos de los municipios, temas que indudablemente tienen por propósito de garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.

La presente ley es de importancia para el tema de la contratación pública, como quiera que define a las asociaciones público privadas como un instrumento de vinculación de capital público privado, que se materializan por medio de un contrato celebrado entre una entidad estatal o pública y una persona de derecho privado, bien sea natural o jurídica, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, hecho que genera transferencia de riesgos entre las partes.

La presente ley es aplicable a todos los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado, tanto el diseño como la construcción de una infraestructura, como su construcción, reparación o mejoramiento y mantenimiento, actividad que involucra además su operación. Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con los procesos de selección objetiva para proyectos de asociación pública privada de iniciativa pública, allí se contempla que la celebración y ejecución de los contratos de Asociación Publica Privada se regirán por lol señalado en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en lo que regule directamente la presente norma.

En tal sentido con la expedición de la presente norma, se está garantizando que la función del Estado en el adecuado manejo de los recursos públicos, se orienten al bien común y se contribuya así a la transparencia y a combatir la corrupción, en las diferentes inversiones de iniciativa pública en los cuales exista interés de efectuar proyectos de Asociación Publica Privada.

Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del control de la gestión pública.

En los primeros capítulos se menciona las inhabilidades para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, quienes financien campañas políticas y prohibición para que exservidores públicos gestiones ante sus entidades intereses privados. Así mismo tiene especial relevancia el capítulo I, donde se establecen medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, estableciendo importantes medidas en sus artículos 5 al 10, fortaleciendo así los mecanismos de prevención, investigación y sanciones por actos de corrupción.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de contratación pública. Para tal fin la norma imponer unas prohibiciones a los cónyuges y compañeros permanentes y parientes en los grados allí señalados de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, en el tema de la contratación pública.

De resaltar además que la norma solo contiene dos artículos y en el primero modifica el inciso 3o del artículo 1o de la Ley 1148 de 2007, que a su vez fue modificatorio del artículo 49 de la Ley 617 de 2000.

Esta ley es de gran relevancia pues modifica ciertos aspectos del estatuto de Contratación Pública (ley 80 de 1993) y dicta otras disposiciones dirigidas al aprovechamiento y transparencia de los recursos públicos dentro de la contratación estatal, ejemplo de lo anterior es que se introducen ciertas reglas a los diferentes tipos de selección del contratista, así como también determinados requisitos con los que deben cumplir los contratistas al momento de contratar, sumado a esto, se dictan otras disposiciones sobre las diferentes etapas surtidas dentro del proceso de- contratación.

Esta ley se acompaña de otras disposiciones que tratan el tema de la contratación pública, las cuales buscan que, de inicio a fin, el proceso de contratación sea transparente y los recursos públicos atiendan las necesidades correspondientes de cada entidad.

Ley de gran importancia para el tema de prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la transparencia en el tema de contratación pública y en el nombramiento, elección o designación como servidores públicos de familiares de gobernadores, alcaldes diputados y concejales. Para tal fin la norma imponer unas prohibiciones a los cónyuges y compañeros permanentes y parientes en los grados allí señalados de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, en el tema de la contratación pública, la cual se hace extensiva para la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.

Mediante la ley 970 de 2005 se aprueba uno de los tratados mas relevantes que haya suscrito Colombia, como es la ‘’Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción’’, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 en la ciudad de Nueva York.

Esta convención surge por la preocupación de los países, dada la gravedad generada por los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, comprometiendo así el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, también por la preocupación producida por la delincuencia económica, entre los que se incluyen, el blanqueo de dinero y el lavado de activos que pueden afectar una proporción importante de los recursos de los estados.

Concluyendo así que la corrupción dejó de ser un problema local, para transformarse en un fenómeno trasnacional a grande escala, por lo cual se hace necesaria la cooperación internacional en aras de prevenir y combatir la corrupción eficazmente.

Ley mediante la cual se estableció el Código de Procedimiento Penal conocido como Sistema Penal acusatorio, la cual viene a reemplazar a la ley 600 de 2000 y sus leyes modificatorias, contribuyendo también, de acuerdo a su reglamentación; a la prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, sirviendo de medio para la imposición de las penas previstas en el Código Penal Colombiano.

En este sentido la ley 906 es un modelo de proceso penal garantista, el cual se adecúa dentro del sistema penal acusatorio, contrario al sistema previo que era inquisitivo. A su vez, esta ley trae aportes importantes al proceso penal como son; la creación del juez de control de garantías cuyas decisiones son más imparciales y, donde la fiscalía solo pasa a ser un sujeto procesal; en este sistema juegan gran papel las víctimas como sujetos intervinientes, así mismo tiene especial relevancia el papel de la prueba y su construcción, además se crea la figura del allanamiento y los preacuerdos como una forma de finiquitar los procesos. Por último, hay un avance importante en cuanto a la efectividad de las garantías procesales y la adecuada protección de los derechos fundamentales en comparación con lo dispuesto en la anterior legislación.

Cabe recalcar que esta norma ha sido modificada por leyes posteriores, pero en esencia continúa vigente en su integridad.

La expedición de la ley 850 de 2002, constituye tal vez el mayor logro en la lucha contra la corrupción, al crear las llamadas veedurías ciudadanas. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dichas veedurías podrán ser constituidas por todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles, comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, o asociaciones sin ánimo de lucro.

Su importancia radica en la facultad de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, la forma como estos se asignen conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas, y proyectos debidamente aprobados por las entidades públicas, teniendo además dentro de sus facultades la vigilancia de los procesos de planeación y contratación, la ejecución y calidad técnica de las obras y el denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Se constituyen como los artículos más relevantes, el 6° (referente a los objetivos), el 15° (establece las funciones de las veedurías), artículo 16 (referente a los instrumentos de acción), entre otros, a través de los cuales se logran de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones.

El objeto de la ley 617 de 2000, no es otro que modificar expresamente el artículo 49 de la ley 617 de 2000, norma que tiene relación con las prohibiciones relativas a los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y miembros de Juntas Administradoras Locales (JAL),personas a las cuales les queda vetado pertenecer a juntas o consejos directivos en entidades tanto del sector central como del sector descentralizado. Tampoco pueden hacer parte de juntas directivas, ejercer la representación legal o revisoría fiscal de aquellas entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.

Así mismo la ley contempla la prohibición para estas personas de ser designados funcionarios públicos del respectivo ente departamental o municipal, y no podrán ser contratistas de ninguna de las entidades, restringiendo su vinculación a través de contratos de prestación de servicios. Se exceptúan los nombramientos efectuados mediante carrera administrativa.

De esta forma se hace un aporte importante frente a la lucha contra la corrupción y la transparencia al extender las causales de inhabilidad e incompatibilidad a los cónyuges o compañeros permanentes de los servidores elegidos por elección popular.