El presente documento fue expedido en el año 2017, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE-, con sede en París, siendo esta una organización intergubernamental cuya misión es promover políticas encaminadas a fomentar el bienestar económico y la calidad de vida, la prosperidad, la igualdad y mejores oportunidades en aras de logra una vida mejor y el bienestar de las personas.

Respecto al tema de Integridad Pública la OCDE la define como: “Se refiere a la alineación, consistente y la adhesión a valores, principios, y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público”.

Dentro de las recomendaciones efectuadas señala la OCDE sobre el tema de la corrupción lo siguiente: “La corrupción obstaculiza la productividad del sector público y privado, perpetua la desigualdad y la pobreza, afectando la distribución de ingresos y socavando las oportunidades de participar equitativamente en vida social, economía y política. En otros apartes señala que la corrupción es señalada hoy en día como la principal preocupación de los ciudadanos por encima de la globalización o la migración.

La recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública se basa en tres pilares a saber: Un sistema, cultura y rendición de cuentas.

AL abordar los problemas de corrupción, 3 áreas necesitan un enfoque particular así:

1. La captura de políticas, en el entendido que las políticas públicas son el centro en el cual gira la atención entre los ciudadanos y el gobierno.
2. La contratación pública, sobre este tema señala la OCDE que esta sigue siendo una fuente desaprovechada de prosperidad económica y social, fenómeno que representa el 13% del PIB en países de la OCDE y una tercera parte de los gastos gubernamentales generales.
3. La infraestructura pública, en especial de proyectos a gran escala, los cuales son vulnerables a la corrupción y mala gestión.

Finalmente, la recomendación de la OCDE sobre contratación pública, esboza mecanismos y principios para garantizar la integridad y frenar la corrupción en la contratación pública.

El Gobierno Nacional presentó el pasado mes de octubre de 2020 ante el Congreso de la República, el Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, elaborado por la Comisión Nacional de Moralización con el apoyo de más de 25 entidades del Estado, proyecto a través del cual se adoptan medidas de prevención, sanción y fortalecimiento institucional, para combatir este delito.

El objeto de la presente ley es adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado, con el propósito de recuperar los daños ocasionados por los actos de corrupción, busca igualmente promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana en el manejo de la gestión pública y el respeto por lo público.

Se trata de un gran estatuto contra la corrupción, conformado por 11 capítulos y 90 artículos que plantea cambios importantes en temas como extinción de dominio, medidas de protección para los quejosos o cualquier persona que denuncie o presente quejas de corrupción, protección de testigos y contratistas de prestación de servicios y regula medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales. También refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción y propone la creación de un régimen sancionatorio a las personas jurídicas en las que sus representantes sean condenados por prácticas corruptas, se crean unos sistemas de intercambio de información articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción, para tal fin se crea el centro de información, análisis y reacción inmediata, y al final se establecen unas disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia.

En tal sentido con la expedición de la presente norma, se está garantizando que la función del Estado en el adecuado manejo de los recursos públicos, se orienten al bien común y se contribuya así a la transparencia y a combatir la corrupción, pues la experiencia demuestra que no son suficientes las sanciones de tipo económicas, disciplinarias o penales, sino que es necesario construir y establecer políticas públicas de prevención en el ejercicio no solo de la actividad contractual sino en combatir el flagelo de la corrupción que tanto daño nos hacen tanto en la sociedad como en el sector público.

A través de la decisión No. 668 los Países Miembros de la Comunidad Andina, se expidió el llamado Plan Andino de Lucha Contra la Corrupción, documento mediante el cual los Jefes de Estado de dicha comunidad han ratificado su compromiso de combatir la corrupción como requisito indispensable para resguardar el patrimonio del estado, fortalecer el sistema democrático, consolidar la legitimidad institucional, adicionalmente se invocan otras razones de peso como es que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, que la lucha contra la corrupción es responsabilidad de los Estados y que estos deben cooperar entre sí, que la corrupción constituye una amenaza que debe ser enfrentada a través de la cooperación internacional y en consideración a que los Países Miembros de la Comunidad Andina han suscrito o ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, deciden aprobar el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción y a su vez se crea el Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción, cuyas funciones constan en el Documento Anexo I de la decisión.

De igual manera dentro del Plan Andino de Lucha contra la Corrupción, contendido en el Documento Anexo I de la presente decisión, se establecen: I. los Objetivo Generales, II. Los objetivos específicos, III. Los principios, IV. Los criterios, V. Los mecanismos constitucionales, VI. Funciones del Comité Ejecutivo, y VII. Programas De acción; todo ello con el propósito de establecer las políticas, estrategias y metas y mecanismos para aumentar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción, que realizan los Países Miembros de la Comunidad Andina.

El presente texto escrito por un equipo interdisciplinario de profesionales en cabeza del licenciado en pedagogía Alejandro Juárez Espíndola, es un manual que se constituye en un referente teórico y conceptual de gran aporte para el tema de la corrupción, por ser un texto al que se pude acudir una o más veces para conocer de una manera sencilla y didáctica la variedad de materias que implica una guía ética al servicio de todos los ciudadanos y de la administración tributaria.

De resaltar la manera en que abarca el estudio de la corrupción, para tal fin en la segunda parte estudia La Corrupción y el Cumplimiento Voluntario y en la Quinta Parte estudia La administración Tributaria Frente a la Corrupción Externa.

Ley de gran importancia para el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer la efectividad del proceso disciplinario.

La ley 2094 de 2021 le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para ejercer la vigilancia de la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, pero en especial incluyó ante el vacío legal, la competencia para investigar los funcionarios de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley, como consecuencia de su acción u omisión.

Tiene especial relevancia la presente ley por la creación de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, la cual estará conformada por 3 salas, encargadas de conocer las etapas de instrucción y juzgamiento en procesos contra servidores públicos de alto rango, incluyendo a funcionarios de la propia Procuraduría General Nación; adicionalmente como novedad creó la sala disciplinaria de juzgamiento de los servidores públicos de elección popular.

La ley 2086 de 04 de marzo de 2021, es una norma muy corta, pero de importancia para la organización y el funcionamiento de los entes territoriales, como quiera que modifica algunos artículos la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.

En particular autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras Locales por su gestión, cargos que son de elección popular, adicionalmente regula el funcionamiento de dichos entes.

Para tal propósito reglamentó artículos de importancia como los relacionados con la regulación del número de miembros por comunas, la elección y periodo, honorarios devengados y su fuente de financiación, el derecho a la seguridad social y pensión, los actos administrativos que expiden, los periodos de sesiones durante la vigencia y las iniciativas que pueden presentar, temas que indudablemente tiene como propósito garantizar que la función del Estado esté orientada al bien común y sus recursos están dirigidos al beneficio social, contribuyendo así a la transparencia y a combatir la corrupción, en los diferentes niveles del orden municipal.

Ley de gran importancia para el tema de prevención y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a sancionar a condenados por corrupción y delitos contra la administración pública.

La ley 2014 de 2019 tiene por objeto adoptar medidas para la sanción efectiva de los delitos cometidos contra la administración pública y de justicia, eliminando los beneficios penales y modificando el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, cuando se demuestre que a través de ellos hubo actos de corrupción.

Ley de especial relevancia, como quiera que con ella se efectúa la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de la presente vigencia. A través de ella se desarrollan las principales inversiones en todos los sectores económicos y sociales, se estipula el monto, la forma y como se distribuirá el Plan Nacional de Inversiones Públicas, garantizando que la función del Estado esté orientada al bien común en equidad y sus recursos estén dirigidos al beneficio social; en la Subsección 2 habla de Transparencia y Finanzas Públicas, de igual forma se define como objetivo del Plan de Desarrollo, sentar las bases de legalidad, transparencia, emprendimiento y equidad, con el propósito de conseguir igualdad de oportunidades para todos los colombianos.

En tal sentido determina como se efectuaran los procesos de selección para el ingreso a cargos de carrera y su financiación, así como los procesos de selección de vacantes en municipios de quinta y sexta categoría, proceso que se efectuara por la CNSC y serán adelantados por la ESAP; de igual forma determina que para empleos de nivel profesional los jóvenes no tendrán que acreditar experiencia profesional, adicionalmente dispone que el tiempo destinado por los estudiantes para culminar la práctica laboral como requisito para optar el título profesional o tecnológico, se contara como experiencia laboral.

En cuanto al tema de gobernabilidad, faculta al Presidente de la República para reorganizar y estructurar entidades como la Contraloría General de Republica y Consejo Nacional Electoral, se conceden facultades para fusionar entidades públicas del sector financiero y simplificar, reformar o suprimir aquellos procesos y procedimientos que son innecesarios en la Administración Pública. Por último, para el régimen disciplinarios de los funcionarios públicos prorrogó hasta el 1 de julio de 2021, la entrada en vigencia de la Ley 1952 referente al “Código General Disciplinario”.

Con la entrada en vigencia de la presente ley, existía el propósito, de modificar radicalmente el Código Único Disciplinario, ley de gran importancia para tratar el tema de prevención, investigación y sanción en la lucha contra el fraude y la corrupción, orientada a fortalecer el proceso disciplinario, así como el poder disciplinario preferente radicado en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales.

La norma además de establecer jurisdicción y competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los funcionarios públicos y particulares que incurran en falta, amplio el termino de prescripción de la acción disciplinaria y desarrolla el proceso sancionatorio, las faltas y sanciones a las cuales se hacen acreedor, quien incurra en falta disciplinaria por incurrir en comportamientos que estén descritos como falta en la ley. Sin embargo, previo a su entrada en vigencia, esta ley es modificada por la ley 2094 de 29 de junio de 2021 que entra a regir a partir del 29 de marzo de 2022 en su mayoría, salvo el artículo 1 que entro a regir a partir del 29 de junio de 2021. razón por la cual no será aplicada en su integridad.

Es una ley de especial relevancia en el tema de la contratación pública, como quiera que en ella se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones; En particular efectuó modificaciones a los procesos de licitación pública para la adecuada escogencia de contratista de obra pública, de igual forma estableció responsabilidades a los interventores, consultores o asesores externos, como consecuencia de los incumplimientos a las obligaciones y al daño o perjuicio causado a la Entidad. En igual sentido consagra normas modificatorias de otras leyes y decretos reglamentarios relacionados con la transparencia y prevención de la corrupción, adicionando y modificando ciertas disposiciones como la ley 80 de 1993 (Estatuto de contratación Pública), la ley 1150 de 2007, ley 1682 de 2013, la ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, entre otras.