En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad algunos ciudadanos presentaron demanda contra los artículos 11, 22, 23, 24, 44 y 133 de la ley 1474 de 2011. Sin embargo, previamente el 27 de julio del año 2012 se rechazó la demanda contra los artículos 23 y 24 por encontrar que en ella no se satisfacían los requerimientos referentes a explicar los argumentos por los cuales se vulneraba la carta política.

Con relación al tema de la corrupción, se colocó en entredicho lo previsto en el numeral 4° del artículo 11 que establece la prohibición para entidades prestadoras del servicio de salud en cualquiera de sus modalidades, para efectuar donaciones a campañas políticas o actividades diversas relacionadas con la prestación del servicio, tema que para los demandantes no tiene relación con lo previsto en la ley 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Para los accionantes, el numeral 4° se refiere a una materia ajena a la prevista en el artículo 11, como es prohibir a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), efectuar donaciones, mientras que el artículo 11 se refiere a las medidas internas que deben adoptar las entidades vigiladas por la SuperSalud, estos son, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para evitar el fraude.

Después de un largo análisis la Corte analiza el contenido de la expresión (corrupción) el cual se encuentra contenido en primer lugar en la ley 412 de 1997, mediante la cual se incorporó a nuestro ordenamiento la Convención Interamericana contra la Corrupción, de igual forma se incorporó a la ley 970 de 2005 y por último también se encuentra definido en la ley 1474 de 2011. Por lo cual contrario a lo afirmado por los demandantes la Corte finalmente declara exequibles los artículos demandados teniendo en cuenta lo recogido por los intervinientes, resaltando la importancia de organismos como la Superintendencia de Salud, y de normas éticas y de conducta que sancionen a aquellos funcionarios que hagan uso indebido de aquellos recursos públicos destinados al mejoramiento y calidad del servicio de salud.