El Gobierno Nacional presentó el pasado mes de octubre de 2020 ante el Congreso de la República, el Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, elaborado por la Comisión Nacional de Moralización con el apoyo de más de 25 entidades del Estado, proyecto a través del cual se adoptan medidas de prevención, sanción y fortalecimiento institucional, para combatir este delito.

El objeto de la presente ley es adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado, con el propósito de recuperar los daños ocasionados por los actos de corrupción, busca igualmente promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana en el manejo de la gestión pública y el respeto por lo público.

Se trata de un gran estatuto contra la corrupción, conformado por 11 capítulos y 90 artículos que plantea cambios importantes en temas como extinción de dominio, medidas de protección para los quejosos o cualquier persona que denuncie o presente quejas de corrupción, protección de testigos y contratistas de prestación de servicios y regula medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales. También refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción y propone la creación de un régimen sancionatorio a las personas jurídicas en las que sus representantes sean condenados por prácticas corruptas, se crean unos sistemas de intercambio de información articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción, para tal fin se crea el centro de información, análisis y reacción inmediata, y al final se establecen unas disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia.

En tal sentido con la expedición de la presente norma, se está garantizando que la función del Estado en el adecuado manejo de los recursos públicos, se orienten al bien común y se contribuya así a la transparencia y a combatir la corrupción, pues la experiencia demuestra que no son suficientes las sanciones de tipo económicas, disciplinarias o penales, sino que es necesario construir y establecer políticas públicas de prevención en el ejercicio no solo de la actividad contractual sino en combatir el flagelo de la corrupción que tanto daño nos hacen tanto en la sociedad como en el sector público.