A través de la ley 1871 de 2017 se efectúan algunas modificaciones a la ley 617 de 2000 relacionadas con la organización de las asambleas departamentales, la remuneración y prestaciones sociales de los miembros de dichas asambleas, y en virtud de lo previsto en la constitución política establece unos derechos para los diputados en el tema prestacional.

Sin embargo, su importancia en el tema de la lucha contra la corrupción radica en lo establecido en sus artículos 6° 7° y 8° de la ley en cita, en cuanto regula las inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, reglando que estas se ciñen a las previstas en los artículos 34 y 35 de la ley 617 de 2000, relacionadas con las incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de corporaciones públicas. Igualmente, fija las prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los diputados, evitando que estos participen en el tema de la contratación pública del ente departamental, así como la prohibición de ejercer cargos públicos, con lo cual se evita el llamado tráfico de influencias y el favorecimiento. Conductas que constituyen delitos tipificados en el código penal, asociadas a la corrupción.