La razón de ser de esta ley descansa en la posibilidad de que la ciudadanía haga frente a los asuntos y decisiones que se adelantan en el poder público, de tal manera que puedan llegar a intervenir y opinar en aquellas decisiones, las cuales pueden llegar a incidir de manera directa o indirecta en el diario vivir de la ciudadanía y en la sociedad como conjunto.

En esta ley se tratan elementos como la inscripción, trámite y requisitos de determinados mecanismos de participación, esenciales en una sociedad democrática en la que es preciso contar con instancias como estas para que exista consenso en las decisiones adoptadas y se eviten injusticias o incluso actos de corrupción.