Norma de gran relevancia en el tema de la lucha contra la corrupción, que en su artículo primero define la responsabilidad fiscal como aquella que tiene por objeto resarcir los daños ocasionados al patrimonio público con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de servidores públicos que realizan control fiscal o de particulares que participen, incidan o contribuyan en la producción de los mismos, sanción que se ejecuta mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por entidad estatal afectada.

Igualmente se establece en la norma el proceso de responsabilidad fiscal, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas que adelantan las Contralorías con el propósito de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.