Esta ley está dirigida a tratar y reglamentar aspectos relacionados con el desarrollo de la administración pública y otras regulaciones respecto de aquellos servidores que ejercen funciones públicas. Aspectos dentro de los cuales resaltan; la estipulación del régimen de los servidores públicos, dentro del cual se tratan elementos como; los requisitos y condiciones que deben cumplir dentro del proceso de vinculación tanto las entidades como aquellos que aspiren a ocupar un cargo público; también se crea el SUIP (Sistema Único de Información de Personal), sistema y base de datos en donde se contempla y recoge información de quienes hayan ocupado un cargo público o hayan celebrado un contrato de prestación de servicios con entidad pública e incluso la hoja de vida de aquellos aspirantes no seleccionados.

Dentro de los deberes de las entidades se encuentra la planificación y fijación de un manual de funciones en el que se delimiten las actividades del funcionario en aras de garantizar la eficiencia y eficacia en las necesidades de cada entidad.

En esta ley se mencionan algunos incentivos con la intención de promover el empeño y dedicación de los servidores en el ejercicio de sus funciones y de esta manera cumplir con los fines de la administración de la mejor manera. Por último, a través de esta ley se realizan algunas modificaciones al código penal, en especial las relacionadas con sanciones a los servidores por actos de corrupción ayudando a castigarlos y aspirando a la no repetición en un futuro.